Con este propósito hemos definido los principios con los que nos comprometemos, como base para crear la confianza necesaria que impulse la realización de las enormes tareas que nos esperan. Coincidimos en que la recuperación de lo mejor de nuestra Patria, así como el desarrollo justo y sostenible que nos lleve adelante, implican necesariamente un compromiso de largo plazo, ya que la destrucción y el desmantelamiento de las Instituciones del Estado (producto de la profundización del modelo neoliberal y la corrupción en el ejercicio del poder a través de décadas) no podrán ser corregidos en poco tiempo, aún cuando se acceda al poder.
Creemos que el ejercicio del poder debe resultar de una arquitectura de políticas públicas de Estado, con visión y compromiso de largo plazo y para las generaciones venideras, y no en una pretensión electoral por el poder que se agota cada cuatro años. Por lo mismo no entendemos la democracia como el acto de votar cada cierto tiempo, sino como la acción cívica diaria de las personas, pueblos y comunidades, educadas y con capacidad crítica para decidir por sí mismas, ejecutar sus tareas y asumir sus responsabilidades cívicas y ciudadanas.
Estamos comprometidos con los siguientes fines y valores de la política pública:
1. Promovemos la recuperación y vigencia del principio de la división de poderes, de frenos y contrapesos y de autonomía de las instituciones del Estado costarricense como base esencial de la legitimidad y la eficacia democrática.
2. Defendemos la Salud Pública como un derecho de todos los habitantes y, reconociendo en la CCSS uno de los pilares fundamentales de nuestra paz social, nos comprometemos con su rescate y fortalecimiento. Consideramos que la Salud no es un negocio para que unos pocos hagan millones a costa del sufrimiento y la vida de muchos.
3. Creemos que la educación es un derecho inherente a los seres humanos, que es un medio natural de crecimiento positivo y cohesión social; pero que necesariamente se debe acompañar de un sistema económico justo, que permita la inserción laboral de las personas al terminar su propio proceso educativo.
4. Sostenemos que el derecho humano al trabajo implica que el mismo debe ser digno, remunerado de manera justa, realizado de forma segura y libre de cualquier condición de explotación. No es un obstáculo para el incremento de las ganancias patronales, sino la fuerza que permite hacerlas realidad.
5. Impulsamos el fortalecimiento del Estado Social de Derecho como principal promotor del desarrollo económico, social y cultural; donde el bienestar del ser humano, la sostenibilidad ecológica y el logro del bien común son los objetivos fundamentales de la política pública.
6. Creemos que todo costarricense, independientemente de su situación particular, tiene derecho a las condiciones mínimas de techo, lecho y seguridad que le permitan lograr una vida justa y digna.
7. Sostenemos que el agua es un derecho humano, que no debe ser objeto de lucro y que debe ser cuidada y administrada por el pueblo y para el pueblo, a través de las instituciones técnicas adecuadas.
8. Defendemos que la seguridad ciudadana va más allá de la necesaria dimensión represiva, que no puede ser alcanzada mientras se niegue sistemáticamente a una parte cada vez mayor de nuestro pueblo el acceso a las oportunidades de crecimiento, educación, salud, trabajo y vivienda, entre otras.
9. Promovemos una política de equidad social a partir de instrumentos fiscales, tributarios y de inversión, modernos y justos. Un sistema tributario y fiscal moderno y justo lejos de debilitar la inversión, el desarrollo y el crecimiento económico, más bien crea las condiciones para mejorar las capacidades humanas y la infraestructura necesarias para impulsarlos.
10. Creemos que la riqueza que produce la Patria se debe traducir en la creación de oportunidades, en el apoyo a la formación de fuentes de empleo endógenas, especialmente en los niveles de las micro, pequeñas y medianas empresas y, particularmente, en el impulso a los emprendimientos con carácter cooperativo; buscando alcanzar un fuerte encadenamiento productivo que democratice el resultado de los esfuerzos creativos individuales y grupales.
11. Sostenemos que Costa Rica merece respeto, que su particularidad debe ser considerada a la hora de tratar con otros países y que el deseo de tomar un lugar en el concierto de las Naciones no debe llevar a aceptar condiciones injustas o dañinas para el Pueblo costarricense. Los acuerdos, tratados o demás figuras definitorias de las relaciones internacionales que sean adoptadas, deben caracterizarse por la justicia y la defensa de la dignidad de la Patria.
12. Promovemos la inserción de Costa Rica en el sistema económico mundial basada en el comercio justo, la complementariedad con socios bilaterales o regionales y el trato equilibrado que permita un verdadero crecimiento del País; en lugar de convertirlo en simple fuente de mano de obra, barata y especializada, que nos restringa a ser empleados en vez de emprendedores. La atracción de inversión extranjera debe darse dentro del marco de un verdadero Plan Nacional de Desarrollo, permitiendo así exigir condiciones y obtener resultados acordes con los mejores intereses nacionales.
13. Creemos en el desarrollo de una verdadera democracia participativa, de un depurado sistema de representación, de una poderosa cultura de rendición de cuentas y de una sólida fiscalización popular de la acción pública como elementos esenciales para la legitimidad y la eficacia democrática. En tal sentido procuramos la introducción de institutos como la elección de medio período de diputados, la interpelación y voto de censura vinculante y con sanciones para los miembros del Poder Ejecutivo, el saneamiento del financiamiento electoral, una verdadera y directa rendición de cuentas y la aplicación efectiva de la iniciativa ciudadana en los niveles locales, cantonales y nacionales.
14. Rechazamos la corrupción en todas sus formas y nos comprometemos con la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad en el uso y cuido de los recursos públicos. Propugnamos la cero tolerancia ante la impunidad y defendemos que la ética, tanto a nivel privado como público, es un medio para establecer, delimitar y renovar las relaciones entre las personas y comunidades, basadas en el respeto, la justicia social, la solidaridad y los Derechos Humanos como normas fundamentales.
Crear la Alternativa Democrática capaz de hacer realidad estos principios es la tarea que afrontamos ahora, una labor que no podemos dejar de lado y en la que confiamos que todos los costarricenses, que hoy experimentan la frustración y desilusión provocadas por la realidad que vivimos, nos acompañen, desde sus propias posiciones, para recuperar y hacer brillar de nuevo esta amada Patria Nuestra.
(*) Plenaria de la Segunda Sesión de Río Segundo.
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