Los habitantes de la zona marítimo terrestre del Caribe Sur, no son precaristas.

Por tanto, no deben ser tratados como tales. El bienestar
social y la defensa de la cultura popular ha de estar por encima de cualquier ley.

Se ha desarrollado toda una cultura en las costas caribeñas, cultura y modo de convivencia social que no han sido tomadas en cuenta por la arbitraria legislación que ahora les quiere condenar al desalojo.

La "solución" de doña Laura fue dictar una moratoria para dejarle el problema al próximo gobierno, es decir, como en tantas otras cosas, postergar, no enfrentar, pero el desalojo sigue siendo una amenaza latente y esa amenaza ignora que no se trata de demoler y sacarle a la calle los bienes muebles a esos pobladores y ya, sino que con ello se crea un grave problema social, laboral y la destrucción de un modo de vida con una cultura rica y particular.

Igual que se ha dictado una ley para proteger la vida de los animales que tienen siglos de vivir en los bosques y a quienes hemos ido desplazando y reduciéndole su hábitat, habría que considerar en las decisiones que se tomen a futuro en cuanto a la ZMT, que hay allí toda una comunidad que tiene más de un siglo de existencia y que ha construido sus hogares, sus pequeños o medianos negocios, que en muchos casos dependen de la pesca artesanal y de variados servicios al turismo y que tienen el derecho a permanecer en su tierra costera, a la que han dedicado la vida varias generaciones.

Los habitantes de estas zonas, no son precaristas. Eso deben tenerlo claro los legisladores.

¿Qué ocurre? Una vez desalojados los pobladores, lanzados a la calle que piensan hacer son la ZMT?

Nosotros sospechamos que se concesionará a transnacionales hoteleras para convertir, por ejemplo, Cocles, Puerto Viejo y Cahuita en réplicas de Jacó y Playas del Coco, con casinos y burdeles al gusto de los estadounidenses.

Porque ahora, el turismo es europeo y ellos, a diferencia de los gringos, si han transitado por la cultura.